Los demócratas acaban de criticar al presidente Bush por partida doble. Según Harry Reid y Nancy Pelosi, por dedicarse a Irak, la administración republicana descuidó a los países vecinos de la región. Fidel Castro y Hugo Chávez -dijeron los líderes demócratas- constituyen una amenaza porque ambos quieren “dejar su marca izquierdista en las jóvenes democracias de América Latina” al tiempo que lamentaron que ambos continúen extendiendo su influencia sobre el hemisferio.
Esas declaraciones merecen varias reflexiones que, hechas desde estas latitudes, adquieren la legitimidad de quienes padecemos efectivamente la perniciosa influencia de dos dictaduras descriptas desde la comodidad del Congreso norteamericano.
En cuanto a “las jóvenes democracias de América Latina” no son más jóvenes que el proceso español posterior al franquismo pero sí notablemente más frágiles. Con la excepción de Chile, América hispana puede decir que no ha aprendido la lección y que sigue insistiendo con los autoritarismos personalistas con forma externa de democracia pero sin las instituciones que la componen. Se vota periódicamente pero la independencia de los poderes es todavía una utopía, como son utopías la libertad de prensa como la conoce el mundo civilizado; la seguridad jurídica; la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información o la igualdad ante la ley.
Si los Estados Unidos tuvieran responsabilidad sobre el destino de Latinoamérica, cosa altamente discutible, cabría preguntarse qué hicieron las administraciones demócratas por ella, o el nutrido bloque opositor al presidente Bush mientras él olvidaba esta parte del mundo. En particular la República Argentina reconoce que fue un gobierno republicano durante la década pasada quien suprimió la exigencia de visa a ciudadanos argentinos para ingresar a los Estados Unidos. Diez años después, el Departamento de Estado se vio obligado a eliminar tal ventaja y a imponer serias restricciones inmigratorias cuando el populismo peronista concretó una brutal devaluación de la moneda argentina que sumergió en la miseria al 50% de la población y la gente huía del país en busca de mejores condiciones de vida.
Además, el permanente apoyo político y financiero demócrata a los llamados movimientos de derechos humanos y ambientalistas donde suelen enquistarse los activistas de esas “izquierdas” que denuncia Pelosi, facilitan el accionar de los enemigos del fortalecimiento de la libertad que operan en el sur del continente americano. Cabe citar al eminente economista alemán Jacques Reuff que decía: “Seamos socialistas o republicanos, pero no seamos mentirosos”.
Por un lado, critican la intervención en los asuntos internos de países soberanos y por otro, reclaman responsabilidad norteamericana en los problemas internos de otros estados. Todo parece una maniobra política con el objetivo de censurar al presidente Bush y para eso, la señora Pelosi, Mr. Reid o el partido demócrata no deberían utilizar a América Latina.
lunes, 29 de enero de 2007
lunes, 15 de enero de 2007
Argentina: un país inseguro
La pobreza no es la causa exclusiva del delito. El crecimiento económico ininterrumpido a lo largo de los últimos tres años niega el presupuesto que manejaba la administración del presidente argentino Néstor Kirchner en el sentido de que el aumento exponencial de los índices de delincuencia respondía a la crítica situación económica del país. Es cierto que, cuando el estado no crea las condiciones para que el mercado absorba la población económicamente activa, se expone a que el robo se transforme en una forma de vida para los más pobres.
Eso no quiere decir que, cuando el empleo abunda, se termine el delito. No es que el empleo abunde en la Argentina actual pero los índices de desocupación han decrecido y, sin embargo, robos, asesinatos, secuestros extorsivos y violencia callejera aumentan de manera exponencial. Hasta una de las hijas del presidente norteamericano George Bush puede confirmarlo. La otra variable que incide es la dureza de las normas y, por supuesto, el porcentaje de eficacia en su aplicación efectiva.
En ambos la Argentina está en deuda con la sociedad civil, pues tras años de de populismo, el Congreso se encargó de flexibilizar las penas y la justicia, de hacerlas cumplir mal y tarde. Según estadísticas privadas (porque oficiales no existen o no son dadas a conocer) sólo el 6/1000 de los delitos denunciados cumplen condena efectiva. En otras palabras, eso significa que 994 de cada 1000 delitos queda impune en la República Argentina.
La cadena de complicidades que, por acción u omisión, perfecciona el ejercicio de la violencia delictiva en la Argentina reconoce varios protagonistas. En principio, los legisladores que ablandan la normativa en el afán de congraciarse con los movimientos de izquierda y los mal llamados organismos de derechos humanos que defienden exclusivamente a los delincuentes; los jueces que evitan a toda costa la severidad en sus sentencias,
conscientes del agrado que obtienen del poder político cultivando esa línea; algunos efectivos de las fuerzas de seguridad que se prestan; los políticos que apañan conductas y negocios espúreos a cambio de colaboración humana y económica para sus campañas políticas con las que se aseguran la permanencia de ellos y la continuidad del sistema; y la sociedad, que escéptica hasta el cinismo, ni siquiera denuncia en muchos casos los episodios delictivos que sufren sus personas y sus bienes.
Más preocupante aún son los dos casos recientes de secuestros en los que parecieran involucrados miembros del entorno presidencial. Ambos episodios deberían esclarecerse rápidamente porque el bien en juego es nada menos que la seguridad de las personas. El Ejecutivo Nacional hasta ahora prefiere guardar silencio y ello implica favorecer los intereses de los delincuentes.
Mientras tanto, se sigue incentivando el consumo de manera artificial a través de subsidios a determinados sectores con gran poder de lobby sobre el gobierno central. Para ello, se recauda por vía de impuestos sobre las actividades rentables. Esta semana se anunció un aumento del 4% en las retenciones a las exportaciones de soja para subsidiar los principales productos de la canasta básica de alimentos y disimular así el proceso inflacionario desatado como consecuencia de la actual política económica.
El subsidio será de 500 millones de dólares anuales y estará integrado por 400 millones aportados por el incremento impositivo y apenas100 millones por el Tesoro Nacional. De este modo, las retenciones a la soja suben del 23,5 al 27,5%, mientras que las de los aceites pasan del 20 al 24%.
La administración Kirchner se maneja con absoluta discrecionalidad favoreciendo y perjudicando sectores. Entonces, cuando la seguridad no figura entre sus prioridades es simplemente porque no se cuenta entre sus prioridades; mientras tanto, la oposición reconoce en estas manipulaciones un claro aliento oficial de la violencia y un desaliento premeditado a la producción y a las inversiones.
Eso no quiere decir que, cuando el empleo abunda, se termine el delito. No es que el empleo abunde en la Argentina actual pero los índices de desocupación han decrecido y, sin embargo, robos, asesinatos, secuestros extorsivos y violencia callejera aumentan de manera exponencial. Hasta una de las hijas del presidente norteamericano George Bush puede confirmarlo. La otra variable que incide es la dureza de las normas y, por supuesto, el porcentaje de eficacia en su aplicación efectiva.
En ambos la Argentina está en deuda con la sociedad civil, pues tras años de de populismo, el Congreso se encargó de flexibilizar las penas y la justicia, de hacerlas cumplir mal y tarde. Según estadísticas privadas (porque oficiales no existen o no son dadas a conocer) sólo el 6/1000 de los delitos denunciados cumplen condena efectiva. En otras palabras, eso significa que 994 de cada 1000 delitos queda impune en la República Argentina.
La cadena de complicidades que, por acción u omisión, perfecciona el ejercicio de la violencia delictiva en la Argentina reconoce varios protagonistas. En principio, los legisladores que ablandan la normativa en el afán de congraciarse con los movimientos de izquierda y los mal llamados organismos de derechos humanos que defienden exclusivamente a los delincuentes; los jueces que evitan a toda costa la severidad en sus sentencias,
conscientes del agrado que obtienen del poder político cultivando esa línea; algunos efectivos de las fuerzas de seguridad que se prestan; los políticos que apañan conductas y negocios espúreos a cambio de colaboración humana y económica para sus campañas políticas con las que se aseguran la permanencia de ellos y la continuidad del sistema; y la sociedad, que escéptica hasta el cinismo, ni siquiera denuncia en muchos casos los episodios delictivos que sufren sus personas y sus bienes.
Más preocupante aún son los dos casos recientes de secuestros en los que parecieran involucrados miembros del entorno presidencial. Ambos episodios deberían esclarecerse rápidamente porque el bien en juego es nada menos que la seguridad de las personas. El Ejecutivo Nacional hasta ahora prefiere guardar silencio y ello implica favorecer los intereses de los delincuentes.
Mientras tanto, se sigue incentivando el consumo de manera artificial a través de subsidios a determinados sectores con gran poder de lobby sobre el gobierno central. Para ello, se recauda por vía de impuestos sobre las actividades rentables. Esta semana se anunció un aumento del 4% en las retenciones a las exportaciones de soja para subsidiar los principales productos de la canasta básica de alimentos y disimular así el proceso inflacionario desatado como consecuencia de la actual política económica.
El subsidio será de 500 millones de dólares anuales y estará integrado por 400 millones aportados por el incremento impositivo y apenas100 millones por el Tesoro Nacional. De este modo, las retenciones a la soja suben del 23,5 al 27,5%, mientras que las de los aceites pasan del 20 al 24%.
La administración Kirchner se maneja con absoluta discrecionalidad favoreciendo y perjudicando sectores. Entonces, cuando la seguridad no figura entre sus prioridades es simplemente porque no se cuenta entre sus prioridades; mientras tanto, la oposición reconoce en estas manipulaciones un claro aliento oficial de la violencia y un desaliento premeditado a la producción y a las inversiones.
lunes, 8 de enero de 2007
Argentina en el túnel del tiempo
Mientras los jueces dispusieron el final físico de Saddam Hussein, en Cuba le quedará a Dios la tarea de terminar con el dictador Fidel Castro. Augusto Pinochet, por su parte, murió recientemente y con su partida ayudará a cerrar un enfrentamiento de décadas. Calmados los ánimos, Chile fue la primera de las tres naciones en iniciar el camino de la recuperación que se obtiene luego de la pacificación política, implementando un orden económico que haga posible la incorporación masiva de los habitantes a la actividad productiva.
Para Irak aquello es aún una tarea pendiente y también para Cuba. Esto demuestra que la economía exige un marco institucional sin el que es imposible la consolidación de proyecto de largo plazo alguno. El crecimiento requiere de condiciones sin las cuales cualquier recuperación no es más que circunstancial. El largo plazo es otra cosa.
Eso explica la inquietud que existe en amplios sectores respecto del proceso argentino ya que si bien las variables económicas pueden lucir favorables, la construcción político institucional es aún una tarea pendiente. Los partidos políticos fueron arrasados junto con la independencia de los poderes en la última crisis, hace cinco años. Desde entonces, el peronismo gobernante intenta con lamentable éxito el desmantelamiento de las instituciones básicas de la república sin que ese abismo importe demasiado a nadie.
Mientras tanto, muestra la foto de un florecimiento económico que tiene mucho, tal vez demasiado que ver, con el rebote propio posterior a la caída y a los controles de precios, congelamiento de tarifas, suba de impuestos y prohibición de exportaciones que son política de estado para la administración Kirchner.
A la par de la olla a presión que cargan las autoridades cuando incentivan el consumo y desalientan el ahorro y la inversión, alimentan el enfrentamiento ideológico que en los años ´70 desató una terrible ola de violencia producto del accionar de terroristas entrenados en Cuba que obligaron al gobierno nacional a salir a combatir hasta su exterminio.
Resabios de aquellas bandas armadas hoy enquistados en cargos públicos pretenden llevar adelante una “vendetta” contra quienes los vencieron y están arrastrando a la sociedad toda a una división suicida. La administración Kirchner apuesta a su victoria en las elecciones presidenciales de octubre próximo a partir del desacuerdo que fomentan entre los distintos sectores sociales sin entender, aparentemente, que una vez desatada, la violencia es incontrolable.
La fragilidad institucional es, para la Argentina, un modo de vida, la excusa oficial para endurecer el control estatal sobre la vida de los ciudadanos y la vía de intervención en el desarrollo de las actividades económicas y no económicas básicas. Las sucesivas administraciones intentaron aunque sin éxito, revertir la decadencia. En este caso, lo llamativo es que el actual gobierno argentino no está en esa línea, sino que apuesta a la debilidad estructural del sistema y alienta su precariedad.
Para Irak aquello es aún una tarea pendiente y también para Cuba. Esto demuestra que la economía exige un marco institucional sin el que es imposible la consolidación de proyecto de largo plazo alguno. El crecimiento requiere de condiciones sin las cuales cualquier recuperación no es más que circunstancial. El largo plazo es otra cosa.
Eso explica la inquietud que existe en amplios sectores respecto del proceso argentino ya que si bien las variables económicas pueden lucir favorables, la construcción político institucional es aún una tarea pendiente. Los partidos políticos fueron arrasados junto con la independencia de los poderes en la última crisis, hace cinco años. Desde entonces, el peronismo gobernante intenta con lamentable éxito el desmantelamiento de las instituciones básicas de la república sin que ese abismo importe demasiado a nadie.
Mientras tanto, muestra la foto de un florecimiento económico que tiene mucho, tal vez demasiado que ver, con el rebote propio posterior a la caída y a los controles de precios, congelamiento de tarifas, suba de impuestos y prohibición de exportaciones que son política de estado para la administración Kirchner.
A la par de la olla a presión que cargan las autoridades cuando incentivan el consumo y desalientan el ahorro y la inversión, alimentan el enfrentamiento ideológico que en los años ´70 desató una terrible ola de violencia producto del accionar de terroristas entrenados en Cuba que obligaron al gobierno nacional a salir a combatir hasta su exterminio.
Resabios de aquellas bandas armadas hoy enquistados en cargos públicos pretenden llevar adelante una “vendetta” contra quienes los vencieron y están arrastrando a la sociedad toda a una división suicida. La administración Kirchner apuesta a su victoria en las elecciones presidenciales de octubre próximo a partir del desacuerdo que fomentan entre los distintos sectores sociales sin entender, aparentemente, que una vez desatada, la violencia es incontrolable.
La fragilidad institucional es, para la Argentina, un modo de vida, la excusa oficial para endurecer el control estatal sobre la vida de los ciudadanos y la vía de intervención en el desarrollo de las actividades económicas y no económicas básicas. Las sucesivas administraciones intentaron aunque sin éxito, revertir la decadencia. En este caso, lo llamativo es que el actual gobierno argentino no está en esa línea, sino que apuesta a la debilidad estructural del sistema y alienta su precariedad.
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