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lunes, 28 de agosto de 2006

LA INSEGURIDAD COMO POLITICA DE ESTADO

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Mientras los índices del delito callejero siguen en aumento y la población reclama políticas públicas de seguridad, el estado argentino acaba de instalar un proyecto de ley que consiste en exigir la entrega al estado de las armas que estén en poder de particulares, dentro de un novedoso plan oficial que consiste en pagar dinero en efectivo por cada arma que la autoridad recibiera, sin pedir explicación alguna de su procedencia. El auge de la criminalidad en la Argentina no debe buscarse en el circuito legal de las armas, sino en el ilegal. El sistema de control de armas que se aplica en el país garantiza de modo efectivo la seguridad común; es del circuito ilegal (armas nunca declaradas, contrabando o robo) de donde provienen las que son utilizadas en hechos de violencia, por lo que es improbable que esas sean entregadas voluntariamente. El proyecto implica, por lo tanto, dos absurdos. El primero radica en negar un derecho ya que la ley no prohíbe la tenencia de armas. La inseguridad pública ha sido el motivo principal que llevó a la población a adquirir armamento. Dicho en otras palabras, el estado incumple con su obligación de dar protección a los habitantes; y falla dos veces. Falla en su tarea preventiva cuando no frena el incremento de la violencia y falla después, cuando los mecanismos judiciales no condenan las acciones delictivas. Eso, a su vez, tiene un efecto indeseable: aumenta la reincidencia porque los delincuentes comprueban el escaso interés oficial por reprimir y la debilidad de los mecanismos judiciales. El segundo absurdo está en el nuevo circuito del delito que alentará. El robo de armas pasará a ser un lucrativo modo de vida; los delincuentes asaltarán armerías o miembros de las fuerzas de seguridad para luego aceptar el trueque oficial.
El poder Ejecutivo argentino está inmerso en una campaña que consiste en desarmar a la población civil bajo el slogan: “Tenés un arma, tenés un problema”. La provincia de Buenos Aires es el distrito más violento del país con un índice altísimo de episodios delictivos de variada consideración. Por su característica de viviendas residenciales, es bastante frecuente la custodia privada y la tenencia de armas por parte de la población civil. Las autoridades pretenden despojarlos de sus armas antes de comprometerse a brindar garantías de seguridad, como si las situaciones que se viven a diario tuvieran su génesis en las armas legalmente inscriptas. Los robos, asesinatos y secuestros extorsivos que asolan hoy las calles de la República Argentina responden al mercado negro de armas que hace increíblemente fácil obtener una y por muy poco precio. Responden a la pobreza extrema en la que casi la mitad de la población se encuentra sumergida. Y responden al deficiente desempeño del poder judicial. El padre de Axel Blumberg, un joven de 22 años asesinado luego de un secuestro extorsivo, fue un decidido impulsor de medidas que revirtieran este estado de cosas. Realizó dos marchas; una al Congreso de la Nación y otra a los Tribunales, para pedir a legisladores y jueces un decidido compromiso en la lucha contra el flagelo de la inseguridad. Presentó un petitorio con más de 5 millones de firmas y fue acompañado por cerca de 300.000 personas. Dos años después de todo aquello, ante la inercia oficial, el ingeniero Juan Carlos Blumberg ha convocado a una nueva marcha, pero esta vez, a la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa de Gobierno pues ha decidido expresarle directamente al presidente Kirchner su pedido, que es el de millones de argentinos. Los organizadores del acto, previsto para el jueves 31 de agosto, han denunciado presiones oficiales de diversa consideración que incluyen la amenaza de una marcha simultánea con piqueteros hasta el pedido de desistir del acto. Los medios de comunicación, en términos generales alineados con el gobierno, están intentando evitar la difusión de la fecha pero aún así, los peores pronósticos hablan de otra convocatoria multitudinaria. La inseguridad pública es un problema que la administración Kirchner se niega a enfrentar.