¿Cuestión de Estado?

La historia de los blogs, modalidad de periodismo amateur que nació en Estados Unidos hace algo más de diez años, cuenta que surgieron como una suerte de control de rigurosidad sobre la prensa gráfica. Varios hechos precisos donde blogueros independientes cuestionaron información reproducida por grandes diarios dieron como resultado una explosión a favor del prestigio de esos sitios que de repente ponían en jaque a periodistas tradicionales cuyas firmas habían representado palabra santa durante décadas. 

Los blogueros se permitieron dudar de la veracidad de ciertos datos y sus intervenciones llegaron a provocar resonantes renuncias cuando pusieron blanco sobre negro gruesas inexactitudes publicadas y hasta algún fraude fotográfico. 

En los países en  los que la libertad no abunda, como en Cuba, o en aquellos donde la concentración de los medios de comunicación pone la diversidad de opiniones en segundo plano, como en Argentina, los blogs son un soplo de aire fresco para el sistema e invitan a mirar los temas desde ópticas diferentes. 

La crisis que viene generando el gobierno k tras empujar la sanción de una ley que embreta  a los medios de comunicación para que no digan lo que disgusta a las autoridades, ha puesto en emergencia la frágil estructura de información existente en el país y a sus tímidos mandamases que resultaron leones herbívoros frente al canibalismo oficial. Los poderosos multimedios no lucen tan poderosos y parecen atinar a poco.Las críticas a lo que veían mal se moderaron y espaciaron, y las columnas que  incorporan sobrevuelan la coyuntura pero evitan el enfoque de nuestro verdadero problema: la raíz autoritaria del gobierno que va contagiándose a la sociedad. 

La invitación a pensar, entonces, escasea desde las publicaciones en "letra de molde" como le gusta decir a la presidente Kirchner pero abundan, por suerte, en el ciberespacio. Desde esa butaca virtual, entablamos un debate imaginario con Carlos Pagni respecto de su nota sobre la salud de Cristina Kirchner que reproduce el diario La Nación en su edición del lunes 9 de enero. (http://www.lanacion.com.ar/1439001-hubo-una-mala-praxis-del-gobierno)

Más allá del error o no del diagnóstico sobre su enfermedad, (si ese fuera el caso, al fin y al cabo, errar es humano) me genera alguna incomodidad el planteo que hace el columnista dando por cierto que la salud de un presidente es cosa de interés público y que, como tal, tiene la obligación de cuidarla y de la mejor manera. Acto seguido, relaciona los fallidos en el diagnóstico presidencial con el profesional que se encuentra a cargo de la salud de la primera mandataria preguntándose si serán las manos adecuadas en las cuales depositar dicho bien público.  

Del comentario se desprende, entonces, que el mandato popular vendría a limitar el libre albedrío de los presidentes que no gozarían del derecho, como cualquier otro individuo, de elegir cómo y con quién atenderse.  

Pagni plantea que el médico de cabecera de la presidente es el mismo de su marido, de cuyos problemas coronarios todos supimos; sería opinable achacar el desenlace a la destreza profesional de su médico pero, aún así  ¿es exigible que Cristina Kirchner, la persona, abandone a su médico de confianza porque su salud es "de interés público"? ¿No tiene un presidente la libertad de elegir su médico como lo hace todo ciudadano? Además, en ese caso se abriría un capítulo incierto: ¿Quién debería determinar cómo se nombra a la o las personas para esa tarea y quién determinaría la expertiz aceptable?  

Desde un punto de vista estrictamente filosófico, un liberal dirá que la salud de un mandatario no difiere en importancia de la salud del resto de los habitantes de un país y que todos, uno y los otros, gozan del mismo derecho de decidir sobre sí mismos y eso, incluye la selección de los profesionales de la medicina que cuidan de sus personas. Distinto es reclamarle por el nombramiento de autoridades; sí es una cuestión de estado (aunque, paradójicamente, no se lo suele considerar de ese modo) la idoneidad de quienes ocupan los ministerios y demás espacios de decisión porque desde esos lugares influyen en la vida cotidiana de los habitantes, en sus bienes y sus destinos. 

Pero la salud presidencial no es una cuestión de estado. Sostenerlo recorta de manera arbitraria la libertad del funcionario y sigue alimentando en una población suficientemente catequizada en socialismo, la peligrosa noción de la existencia de un status superior al individuo que tiene derecho, facultad y potestad para decidir por él.