
El kirchnerismo no se anda con vueltas; cuando quiere algo va a su encuentro. Guillermo Moreno, el secretario de comercio que decide quién exporta y quién no, quién vende y a qué precio espanta a todos los que tengan la desgracia de tratarlo y, sin embargo, Cristina Kirchner lo mantiene en el cargo contra viento y marea. El poderoso funcionario es absolutamente inamovible lo que viene a demostrar que la opinión general no cuenta para el kirchnerismo y que los propios planes se cumplen cueste lo que cueste.
Moreno no es un hecho aislado sino un ejemplo más de la pertinaz defensa que hace el oficialismo de sus elecciones. Por eso cuando se emperran en dejar que la delincuencia se apodere de las calles y de las vidas no se trata de un capricho sino de una causa. Como todas las ilusiones socialistas que deben fundarse en acciones épicas, el peronismo suele enmarcar cada movimiento en el contexto de una pequeña apoteosis en la que el líder de turno es el máximo inspirador sin cuya impronta nada es posible. Así explicado, lo cotidiano se vuelve leyenda y pagar a los jubilados con el dinero que ellos mismos ahorraron mientras eran empleados activos no es darles lo suyo sino dignificar la vejez; atender en los hospitales públicos a miles de personas insolventes no es reconocer que una porción importante de la sociedad no accede a la salud que quiere sino a la que puede, sino interesarse por los más necesitados, y repartir comida y dinero a gente subalimentada, desempleados e indigentes no es la foto de un país con niveles de indigencia altísimos sino caminar hacia una sociedad más “igualitaria”, noción que adoran como corresponde a cualquier gobierno autoritario.
En ese marco, que el delito haya modificado el paisaje urbano llenando de rejas y custodios privados los vecindarios, es un costo insignificante para una administración que no encuentra “glamour” en cumplir, lisa y llanamente, con su obligación primaria de reprimir las conductas antisociales. En su particular “relato” de la historia le adosan explicaciones “sicologizadas” al hecho concreto de robar o matar. Hasta es muy probable que las tengan pero ellas no suavizan el daño producido a los damnificados ni la responsabilidad de sus autores. El peronismo le suma al hecho policial su argumento estrella: la inequitativa distribución de la riqueza, la marginalidad y las culpas sociales; luego prende la batidora y ¿qué sale? Tolerancia infinita con el delito rozando con la impunidad.
Aclarado que la convivencia y la connivencia del gobierno con el delito no es una pose de marketing político sino un principio genético (no hay más que recordar la afinidad de muchos funcionarios actuales con las armas y el uso de la violencia) es una pérdida de tiempo y de energía reclamar un cambio. Porque ellos tienen su personal explicación de cada delito y, a partir de ella, su personal solución. Además, como niegan el feroz incremento de la delincuencia en todas sus formas se eximen de plantear una solución integral y se atrincheran en que se trata de hechos aislados.
Ante la aparición de pasta base (“paco”) a lo largo del conurbano bonaerense cualquiera supone que resulta de la proliferación de cocinas para la elaboración de cocaína, pero para el gobierno, no, como tampoco admite relación entre aquello y el crecimiento en el consumo de paco entre los adolescentes de los sectores más pobres de la provincia de Buenos Aires. Así encarado el problema, el oficialismo minimiza la magnitud de la penetración que ha tenido el narcotráfico en nuestro país durante los últimos años.
El robo perpetrado a quienes hacen operaciones bancarias, conocido como “salideras” también cuenta con una original respuesta oficial: la autoridad en lugar de combatir al ladrón, carga contra bancos y clientes. Los primeros deben multiplicar sus medidas de seguridad puertas adentro porque, a priori, para este gobierno el universo de usuarios y los empleados encabezan la lista de sospechosos. Ahora, de la tercera “pata” del problema, esto es el asaltante, siguen sin ocuparse.
Solucionado el tema seguridad repartiendo culpas y responsabilidades hasta quedarse sin ninguna para sí, el partido gobernante anda hace rato con muchas ganas de legalizar el aborto y de ese modo utilizar los impuestos en atender “sin costo” los casos de quienes lo solicitaran en hospitales públicos. Los espasmos feministas presentes en el Congreso Nacional alcanzarían para ganarle la pulseada a quienes reconocen un asesinato en la interrupción voluntaria del embarazo y, en este caso, los derechos humanos de los nonatos no serían representados por quienes suelen decirse sus máximos defensores.
A los delincuentes les entrega un “bill” de impunidad; mide el consumo de drogas con la seriedad del INDEC y alienta la esperanza de dar vía libre a una ley abortista. La política demográfica de la administración Kirchner podría resumirse en tres palabras: delincuencia, “paco” y aborto. Por suerte y a expensas de una ardua labor del PRO nadie, eso sí, se va a intoxicar con el humo de un cigarrillo. ¡Qué bueno que el estado nos proteja!