POLITICA DE INSEGURIDAD NACIONAL EN LA ARGENTINA

Los argentinos hemos quedado divididos en dos grandes grupos de limosneros frente al gobierno central: uno pide planes de asistencia y el otro, seguridad.

Los primeros cuentan con una gruesa batería de voceros: los piqueteros oficialistas, los piqueteros duros, los sindicatos, los dirigentes de derechos humanos y, a la cabeza, las propias autoridades nacionales en las personas del presidente, de su hermana Alicia y del Ministro Alberto Fernández. El plan asistencial en marcha para satisfacer los reclamos de esos sectores constituye un generoso paquete de subsidios, tarifas diferenciadas y acceso a viviendas construidas o expropiadas para ellos por el estado, blindado con un grueso aislante de legislación que defiende la usurpación por sobre la propiedad privada. Sí, el siglo XXI

Otra novedad florecida durante la administración política de Néstor Kirchner es la ocupación de fábricas. Los empleados toman el lugar de trabajo, despojan a sus legítimos dueños del control físico y económico del medio de producción y a eso llaman “fábrica recuperada”. Este mecanismo suma ya varios cientos. La justicia no ha ordenado la restitución de ninguna propiedad hasta el presente, lo que sirve de incentivo para continuar los arrebatos.

Por otro lado, miles de personas claman por seguridad. Los robos, asaltos, secuestros y uso de armas se multiplican. La violencia recorre las calles de las ciudades argentinas sin que las autoridades encaren una política de prevención y represión del delito mientras las consecuencias de la crisis económica e institucional no se agotan.

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Cuando los bancos retuvieron los depósitos por orden del estado argentino, la gente pasó a desconfiar de esas entidades y se produjo una importante transferencia de dinero en efectivo de los bancos a las casas particulares. Conocido el dato, el asalto domiciliario viene aumentando desde entonces en gruesa proporción.

Y ahora se suma una nueva inseguridad: la aérea. La animosidad de la administración Kirchner hacia las fuerzas armadas la llevó a excluirlas de todas las actividades posibles. Una de las últimas decisiones fue quitarle a la aviación militar el control aéreo en los aeropuertos nacionales lo que no mejoró, por sí solo y por arte de magia, las condiciones de la aviación comercial.

Lejos de ello, por estos días está planteada una escandalosa diferencia entre la ministra de Defensa, como vocero oficial del gobierno argentino, y algunos gremios del sector. Mientras el estado afirma que el control de los aviones que vuelan sobre el espacio aéreo argentino está garantizado, pilotos y controladores cuestionan la eficiencia del sistema.

A la inflación creciente, el peligro sobre los bienes materiales y la inseguridad personal frente al delito, los argentinos sumamos ahora la posibilidad de una catástrofe evitable. Y todo esto pasa mientras la presente administración se prepara para quedarse cuatro años más.