Argentina: un país inseguro

La pobreza no es la causa exclusiva del delito. El crecimiento económico ininterrumpido a lo largo de los últimos tres años niega el presupuesto que manejaba la administración del presidente argentino Néstor Kirchner en el sentido de que el aumento exponencial de los índices de delincuencia respondía a la crítica situación económica del país. Es cierto que, cuando el estado no crea las condiciones para que el mercado absorba la población económicamente activa, se expone a que el robo se transforme en una forma de vida para los más pobres.

Eso no quiere decir que, cuando el empleo abunda, se termine el delito. No es que el empleo abunde en la Argentina actual pero los índices de desocupación han decrecido y, sin embargo, robos, asesinatos, secuestros extorsivos y violencia callejera aumentan de manera exponencial. Hasta una de las hijas del presidente norteamericano George Bush puede confirmarlo. La otra variable que incide es la dureza de las normas y, por supuesto, el porcentaje de eficacia en su aplicación efectiva.

En ambos la Argentina está en deuda con la sociedad civil, pues tras años de de populismo, el Congreso se encargó de flexibilizar las penas y la justicia, de hacerlas cumplir mal y tarde. Según estadísticas privadas (porque oficiales no existen o no son dadas a conocer) sólo el 6/1000 de los delitos denunciados cumplen condena efectiva. En otras palabras, eso significa que 994 de cada 1000 delitos queda impune en la República Argentina.

La cadena de complicidades que, por acción u omisión, perfecciona el ejercicio de la violencia delictiva en la Argentina reconoce varios protagonistas. En principio, los legisladores que ablandan la normativa en el afán de congraciarse con los movimientos de izquierda y los mal llamados organismos de derechos humanos que defienden exclusivamente a los delincuentes; los jueces que evitan a toda costa la severidad en sus sentencias,

---

conscientes del agrado que obtienen del poder político cultivando esa línea; algunos efectivos de las fuerzas de seguridad que se prestan; los políticos que apañan conductas y negocios espúreos a cambio de colaboración humana y económica para sus campañas políticas con las que se aseguran la permanencia de ellos y la continuidad del sistema; y la sociedad, que escéptica hasta el cinismo, ni siquiera denuncia en muchos casos los episodios delictivos que sufren sus personas y sus bienes.

Más preocupante aún son los dos casos recientes de secuestros en los que parecieran involucrados miembros del entorno presidencial. Ambos episodios deberían esclarecerse rápidamente porque el bien en juego es nada menos que la seguridad de las personas. El Ejecutivo Nacional hasta ahora prefiere guardar silencio y ello implica favorecer los intereses de los delincuentes.

Mientras tanto, se sigue incentivando el consumo de manera artificial a través de subsidios a determinados sectores con gran poder de lobby sobre el gobierno central. Para ello, se recauda por vía de impuestos sobre las actividades rentables. Esta semana se anunció un aumento del 4% en las retenciones a las exportaciones de soja para subsidiar los principales productos de la canasta básica de alimentos y disimular así el proceso inflacionario desatado como consecuencia de la actual política económica.

El subsidio será de 500 millones de dólares anuales y estará integrado por 400 millones aportados por el incremento impositivo y apenas100 millones por el Tesoro Nacional. De este modo, las retenciones a la soja suben del 23,5 al 27,5%, mientras que las de los aceites pasan del 20 al 24%.

La administración Kirchner se maneja con absoluta discrecionalidad favoreciendo y perjudicando sectores. Entonces, cuando la seguridad no figura entre sus prioridades es simplemente porque no se cuenta entre sus prioridades; mientras tanto, la oposición reconoce en estas manipulaciones un claro aliento oficial de la violencia y un desaliento premeditado a la producción y a las inversiones.