
El poder Ejecutivo argentino está inmerso en una campaña que consiste en desarmar a la población civil bajo el slogan: “Tenés un arma, tenés un problema”. La provincia de Buenos Aires es el distrito más violento del país con un índice altísimo de episodios delictivos de variada consideración. Por su característica de viviendas residenciales, es bastante frecuente la custodia privada y la tenencia de armas por parte de la población civil. Las autoridades pretenden despojarlos de sus armas antes de comprometerse a brindar garantías de seguridad, como si las situaciones que se viven a diario tuvieran su génesis en las armas legalmente inscriptas. Los robos, asesinatos y secuestros extorsivos que asolan hoy las calles de la República Argentina responden al mercado negro de armas que hace increíblemente fácil obtener una y por muy poco precio. Responden a la pobreza extrema en la que casi la mitad de la población se encuentra sumergida. Y responden al deficiente desempeño del poder judicial. El padre de Axel Blumberg, un joven de 22 años asesinado luego de un secuestro extorsivo, fue un decidido impulsor de medidas que revirtieran este estado de cosas. Realizó dos marchas; una al Congreso de la Nación y otra a los Tribunales, para pedir a legisladores y jueces un decidido compromiso en la lucha contra el flagelo de la inseguridad. Presentó un petitorio con más de 5 millones de firmas y fue acompañado por cerca de 300.000 personas. Dos años después de todo aquello, ante la inercia oficial, el ingeniero Juan Carlos Blumberg ha convocado a una nueva marcha, pero esta vez, a la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa de Gobierno pues ha decidido expresarle directamente al presidente Kirchner su pedido, que es el de millones de argentinos. Los organizadores del acto, previsto para el jueves 31 de agosto, han denunciado presiones oficiales de diversa consideración que incluyen la amenaza de una marcha simultánea con piqueteros hasta el pedido de desistir del acto. Los medios de comunicación, en términos generales alineados con el gobierno, están intentando evitar la difusión de la fecha pero aún así, los peores pronósticos hablan de otra convocatoria multitudinaria. La inseguridad pública es un problema que la administración Kirchner se niega a enfrentar.
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